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Os informamos que, tras la consulta realizada por el COEESCV al Servicio de Atención Integral a Personas en situación de Dependencia, nos comunica la Jefa del Servicio que los/as educadores/as sociales pueden realizar la valoración de dependencia, al estar incluidos/as entre los/as profesionales sociosanitarios que ellos habilitan si tienen la oportuna formación.

Tras las gestiones realizadas desde el Col.legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana con el Ayuntamiento de Denia, se ha publicado en el BOP de Alicante del 6 de junio dos Edictos con la modificación de las Bases de 2 plazas de educador/a social funcionario de carrera por promoción interna y la modificación de 1 plaza de turno libre, incluyendo en esta ocasión la habilitación profesional.

 

El Ayuntamiento de Benissa nos ha enviado Notificación de la estimación del Recurso de reposición presentado por el COEESCV, teniendo en cuenta nuestra argumentación, por lo que la plaza de educador/a social ofertada como C1 en la Bolsa de trabajo para el equipo Base de Servicios Sociales, pasa al subgrupo A2. Otro logro más en el reconocimiento de nuestra profesión.

La Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunidad Valenciana, en su Artículo 4 señala que “la situación de exclusión social se acreditará por los Servicios Sociales, generales o especializados, de las Administraciones públicas”, por lo que pueden ser realizados por cualquiera de los/as profesionales que conforman los equipos. 

 

Os informamos que se ha publicado en DOGV la Ley 4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, de modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana. La modificación consiste en que la propia Generalitat tiene la potestad disciplinaria de sancionar a las personas que no estén colegiadas, teniendo la obligación de hacerlo, como es el caso del ejercicio de la profesión de educador/a social, considerándose como falta muy grave, con multa de hasta 150.000 euros.

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